La Iniciativa Spotlight es una acción de carácter global orientada a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Se trata de una alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea que contará con una inversión inicial de 500 millones de Euros (financiamiento de la UE), y que será ejecutada a través del Sistema de Naciones Unidas. Las agencias encargadas de liderar la iniciativa serán ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El objetivo principal es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas y su manifestación más extrema, el feminicidio, y el abordaje de la iniciativa se realizará a través de seis pilares: 1) legislación y políticas, 2) fortalecimiento institucional, 3) prevención de la violencia, 4) servicios de calidad disponibles, accesibles y aceptables, 5) datos fiables y de calidad, y 6) apoyo a organizaciones de sociedad civil y movimientos de mujeres.

En América Latina, donde el foco temático será el femicidio, son cinco los países seleccionados para participar en la iniciativa: El Salvador Guatemala, Honduras, México y Argentina. El financiamiento inicial destinado a la región es de 55 millones de euros.

La Iniciativa Spotlight en Argentina

En Argentina, la implementación de la iniciativa constará de dos fases. La primera, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020; la segunda, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022. Los recursos asignados para la primera fase de ejecución ascienden a U$S 6.000.000, mientras que para la segunda etapa se prevé una asignación de un 30% adicional, en base a los resultados alcanzados durante la primera.

La iniciativa tendrá alcance nacional y provincial, y las provincias elegidas para participar, seleccionadas según diversos criterios como la tasa y números absolutos de femicidios, otras desigualdades sociales y la estructura institucional disponible, son Salta, Jujuy y Buenos Aires. No obstante, se prevé ampliar el número de provincias participantes en fases posteriores.

Las agencias del Sistema de Naciones Unidas antes mencionadas trabajarán en alianza con la Oficina del Coordinador Residente, así como el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, la sociedad civil (movimientos de mujeres, organizaciones que representan a mujeres que viven múltiples tipos de discriminación) y sector privado como contrapartes.

Se trata de una gran oportunidad para fortalecer los esfuerzos del Estado para alcanzar la Agenda 2030 -y el ODS 5 en especial-, así como la implementación efectiva del marco normativo nacional provincial y del Plan Nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de violencia a las mujeres.

Tras su implementación, la iniciativa tendrá como resultado varios ámbitos fortalecidos en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Los resultados esperados son los siguientes: 1) marco normativo y políticas públicas efectivas e integrales, 2) fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación multisectorial y efectiva de políticas, 3) estrategias integrales, 4) servicios de calidad e inclusivos, 5) información estadística de calidad y comparable y 6) articulación y fortalecimiento de la sociedad civil.