El debate en torno a las opciones de política más adecuadas para hacer frente de modo eficaz a los desafíos de mitigación del cambio climático, -es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero- está ganando creciente relevancia pública. Foto: PNUD

Martina Chidiak - Doctora, esp. Economía Industrial, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris; MSc  Economía Ambiental, University College London; Profesora de la Universidad de Buenos Aires

Verónica Gutman - Dra. en Economía, Universidad de Buenos Aires; Investigadora de la Fundación Di Tella y Profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
 

 

El debate en torno a las opciones de política más adecuadas para hacer frente de modo eficaz a los desafíos de mitigación del cambio climático, -es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero- está ganando creciente relevancia pública.

Ciertamente, el debate es muy oportuno. Por un lado, debido a los reclamos de la ciudadanía y diversas ONGs y organismos internacionales que buscan lograr un mayor alcance en las políticas climáticas para cumplir con el Acuerdo de Paris. Por el otro, debido a la creciente evidencia sobre impactos ya observables del cambio climático.

En Argentina se manifiestan, sobre todo, en una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor, y en cambios en las precipitaciones que impactan especialmente en la salud de la población y en pérdidas agrícolas: en la campaña 2017/2018 éstas alcanzaron 1.500 millones de dólares por inundaciones y 3.500 millones adicionales por la sequía posterior, pérdidas equivalentes a 0,5% del PBI. Las tendencias climáticas indican que estos efectos se amplificarán en las próximas décadas.

En este contexto, se está dando un creciente “consenso” en la opinión de académicos, organismos internacionales y un número no menor de referentes políticos acerca de la necesidad de introducir correcciones en los precios de los combustibles fósiles y de la energía eléctrica generada a partir de ellos, por ejemplo, a través de un impuesto al carbono, de modo de  incorporar el daño causado por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas (especialmente, dióxido de carbono –CO2).

Así, se logrará que los precios de los productos y servicios que emplean combustibles fósiles reflejen el costo total (privado y social) de su utilización, incentivando cambios en los hábitos de producción y consumo que reducirán las emisiones y el desarrollo de tecnologías menos intensivas en ellas. Los expertos sostienen que todo lo anterior resulta una condición necesaria para el logro de políticas climáticas más ambiciosas y efectivas.

Mientras avanza dicho consenso sobre la introducción de precios al carbono, se ha vuelto también evidente -no sin cierta paradoja- que en algunos países, p.e. Francia, una fuerte oposición popular y , en algunos casos, empresaria, a los incrementos en los precios de los combustibles. Esto significa que la implementación de precios al carbono y la implementación de políticas “ambiciosas” para enfrentar el cambio climático enfrenta grandes desafíos.

¿Qué puede aportar una perspectiva económica en este debate? Los análisis económicos teóricos y empíricos de los últimos 15-20 años, han destacado tanto el gran potencial de los precios al carbono para mejorar la eficiencia en la reducción de emisiones, como sus impactos negativos (en particular, distributivos), los cuales redundan en una limitada aceptabilidad política.

Oportunamente, en 2018 el Banco de Suecia otorgó su distinción anual en Economía (premio en honor a Alfred Nobel) a William Nordhaus y Paul Romer, dos economistas que han sentado las bases para mejorar nuestro entendimiento sobre la economía del cambio climático y sobre las complejas relaciones entre innovación tecnológica y progreso económico.

En su discurso formal de aceptación de la distinción, William Nordhaus hizo un llamado urgente a que los políticos implementen impuestos al carbono. En varias declaraciones posteriores, Nordhaus también se refirió a las posibles soluciones frente al problema de la baja aceptabilidad política de los mismos. Por ejemplo, una redistribución adecuadamente diseñada de los fondos recaudados con los impuestos al carbono puede resultar en una alternativa favorable a su introducción, así como la creación de un “club” para fomentar la participación en políticas climáticas internacionales. Una medida sería, por ejemplo, adoptar un impuesto al carbono coordinado internacionalmente con penalidades (impuestos en frontera) para productos provenientes de países que no tengan implementados precios al carbono similares a los del país importador.

Mientras tanto, las propias negociaciones internacionales sobre cambio climático parecen un tanto estancadas en la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, debido a las dificultades para lograr acuerdos en relación a la introducción de precios al carbono y/o la creación de mercados de carbono.

Finalmente, otro dilema que afecta a los países que cuentan con activos de alto valor asociados a los combustibles fósiles -como por ejemplo Argentina con Vaca Muerta- es si deben “dejar en el suelo” dicho recurso o no, en un contexto de restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, acotando sus posibilidades de crecimiento económico y de mejora en sus balances de pagos.

La Agenda 2030 entiende el desarrollo sostenible como la sinergia virtuosa entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Lograr dicha sinergia es un gran desafío, como lo demuestra el impacto dispar de los impuestos al carbono en dichas dimensiones. Encontrar la forma más conveniente es una tarea en la que deben poner sus mejores empeños la ciencia y la política, tanto a nivel mundial como en cada caso nacional.

 

 

Los temas presentados en este blog se desarrollan en profundidad, y con especial referencia al caso argentino, en M. Chidiak y V. Gutman: “Cambio Climáico: incentivos, inversiones y reducción de emisiones”, capítulo 7 del libro Ensayos Sobre Desarrollo Sostenible: la dimensión económica de la Agenda 2030 en la Argentina, PNUD Argentina, 2018.

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