Georgina Binstock, Ph.D University of Michigan Ann Arbor; Directora del Centro de Estudios de Población, Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas, y miembro del International Advisory Board del World Family Map Project. 

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Argentina tiene desde los inicios del nuevo milenio un marco normativo que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, a través de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA), y la Ley de Educación Sexual Integral. Sin embargo, desde la adopción de estos marcos de protección la maternidad adolescente no ha disminuido. Actualmente en el país una de cada cuatro mujeres se convierte en madre antes de terminar la adolescencia y en algunas provincias esta proporción alcanza a una de cada tres, como es el caso de Chaco, Misiones, y Formosa (Binstock y Gogna, 2017).

La maternidad adolescente es una manifestación de desigualdad social, ya que ocurre principalmente entre las mujeres con baja educación y provenientes de los sectores sociales más vulnerables, con derivaciones que perduran a lo largo de la vida. Uno de los argumentos que suele esgrimirse con frecuencia para dar cuenta de las brechas sociales en la ocurrencia de la maternidad temprana es el significado y rol que las adolescentes le otorgan a tener un (primer) hijo. Se sugiere que para las adolescentes pobres la maternidad constituye uno de los pocos proyectos de vida que pueden concretar; que la llegada de un hijo otorga un sentido a sus vidas y posiciona a las adolescentes en un rol de adulto en el que puede tomar decisiones de manera independiente.

Sin embargo, este no es el caso para la mayoría de las adolescentes madres quienes indican que su embarazo no había sido planeado ni buscado, como lo evidencia las fuentes de datos oficiales y encuestas específicas sobre la temática. Estas estadísticas, además, no contemplan el todavía incierto número de adolescentes que optaron por un aborto clandestino para interrumpir un embarazo no deseado.

La realidad es entonces bien diferente ya que las adolescentes son madres mucho antes de lo que hubieran querido, debiendo asumir un rol y responsabilidades para las que no se sienten preparadas. En otras palabras, se ven vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos.

Cabe preguntarse entonces qué es entonces lo que falla a quince años de la promulgación de una legislación de avanzada en materia de salud sexual y reproductiva. ¿Qué dice la investigación al respecto? Falla un poco de todo. ¿Falla el uso de anticoncepción? Sí, en parte. En general las y los adolescentes conocen uno o varios métodos anticonceptivos, y también los usan. De hecho, una proporción importante de adolescentes madres que no quería un embarazo indicó que utilizaba algún método al momento de quedar embarazada. Pero evidentemente no lo utilizan de manera correcta y/o sistemática, lo que demuestra una clara falencia en la consejería y la educación sexual, como también lo sugiere los recientes resultados de la Encuesta sobre Hábitos sexuales y uso de anticoncepción en América Latina.

Falla también la provisión adecuada de todos los métodos que debieran estar disponibles en forma gratuita, por lo que se accede sólo a los métodos disponibles que no necesariamente son los adecuados y/o preferidos. Y falla la educación sexual integral temprana, que aún hoy no está siendo implementada.

Falla también la comprensión de los comportamientos actuales de las y los adolescentes. Mujeres y varones se inician sexualmente a edades más tempranas y experimentan la sexualidad de un modo más libre que sus antecesores. La política pública debe reconocer esta realidad y garantizarles a las y los adolescentes un ejercicio de su sexualidad libre, responsable e informado. Para ello no basta un marco normativo de promoción y protección de derechos si no va de la mano de acciones concretas, sistemáticas y continuas para garantizarlos.

Recientemente se ha iniciado la implementación del primer Plan de Prevención de Embarazo no Intencional en la Adolescencia que es, sin duda, una adecuada iniciativa integral -apoyada por la ONU- que contempla las aristas de información, educación, provisión de anticoncepción, y monitoreo. Es muy reciente para disponer de resultados, pero como cualquier plan podemos saber de antemano que es importante mantenerlo de manera sostenida. En este sentido, estas iniciativas requieren para su sostenibilidad en el tiempo fortalecer y promover en distintos sectores de la sociedad civil el reconocimiento y acceso a derechos, como son los derechos sexuales y reproductivos, y de igualdad de género.

La disminución de embarazos no intencionales en la adolescencia contribuirá a expandir el acceso a oportunidades de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida potenciando su autonomía: entre otras cosas, mejorando sus logros educativos y sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, contribuyendo así a alcanzar una sociedad más justa en términos de género. Asimismo, eliminaría un eslabón fundamental en la cadena de la transmisión intergeneracional de la pobreza, incrementando la inclusión social y las posibilidades de prosperidad económica. Dimensiones fundamentales para un horizonte de desarrollo sostenible para la Argentina.
 

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